Alcance de la función calificadora del registrador sobre las ventas realizadas en un procedimiento concursal. Comentario a la sentencia 315/2019 del Tribunal Supremo, sala civil, sección 1, de 04.06.2019.

La sentencia analiza dos cuestiones de interés relacionadas con la venta de bienes inmuebles de sociedades en concurso, aunque solo una era objeto del procedimiento:

  1. Si el registrador debe comprobar las facultades de quien autoriza la transmisión por parte de la sociedad concursada. En este caso se dan dos supuestos:
  • Quien autoriza la transmisión es el propio administrador concursal. En el marco del art. 18 LH, si el concurso, o también la fase de liquidación, constan inscritas en el registro, el registrador debe comprobar que quien realiza el acto de disposición, quien realiza la venta del bien, es el administrador concursal, control que no se ve afectado por la previsión del art. 98 ley 24/2001.
  • Quien autoriza es un representante del administrador concursal. En el marco del art. 98 ley 24/2001 sí que afecta a la revisión de la suficiencia de la representación que el administrador concursal dé a un representante para que actúe en la venta en su nombre. En ese caso, la valoración notarial de la suficiencia de esta representación no podrá ser revisada por el registrador siempre que quede constancia de ella en la escritura en los términos establecidos por la sentencia 645/2011 del Tribunal Supremo, sala civil, de 23.09.2011 y sentencia 643/2018 del Tribunal Supremo, sala civil, de 20.11.2018. De ambas sentencias extraemos:
    • STS 645/2011: “[…] el registrador limitará su calificación a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado, sin que el registrador pueda solicitar que se le transcriba o acompañe el documento del que nace la representación. […]”.
    • STS 643/2018: “Bajo este régimen legal, el registrador debe revisar que el título autorizado permita corroborar que el notario ha ejercido su función de calificación de la existencia y vigencia del poder y de la suficiencia de las facultades que confiere de forma completa y rigurosa, y que este juicio sea congruente con el contenido del título presentado, es decir, que resulte del contenido del juicio de suficiencia que dicha suficiencia se predica respecto del negocio jurídico otorgado, con la precisión necesaria para que no quepan dudas de que el notario ha calificado correctamente el negocio de que se trata y referido al mismo la suficiencia o insuficiencia de las facultades representativas”.
  1. Si el registrador tiene competencia para revisar si la venta cumplía con las exigencias previstas en el plan de liquidación. En este supuesto, el Tribunal Supremo señala que el registrador únicamente puede exigir (i) o bien la autorización expresa de la venta del bien; (ii) o bien la autorización general de aprobación del plan de liquidación. Pero el registrador no puede entrar a analizar si se han cumplido otros requisitos o condiciones que pudieran haberse previsto en el plan de liquidación, porque suponen una valoración jurídica que no le corresponde. Textualmente la sentencia señala:

Del conjunto de la normativa se desprende que la enajenación de bienes inmuebles debe realizarse por la vía de apremio, por subasta, salvo que el juez del concurso haya autorizado la venta directa, ya sea al aprobar un plan de liquidación ya sea de forma específica para ese acto. Por ello una venta directa de bienes del concursado debe contar con la resolución judicial que lo autoriza, ya sea la expresa para esa venta ya sea la general de aprobación del plan de liquidación que lo comprende. El registrador puede controlar esta exigencia legal al calificar la escritura de venta directa. Pero el control afecta a la existencia de esa autorización judicial, no al cumplimiento de otros requisitos o condiciones que pudieran haberse previsto en el plan de liquidación y que presupongan una valoración jurídica que no le corresponde, como pudieran ser los términos y condiciones de la venta previstos en el plan.

De ahí que el registrador, para corroborar la existencia de la autorización judicial de venta directa (la específica o la general de aprobación del plan de liquidación), deba exigir su aportación junto con la escritura. Y, por ello, la calificación negativa del registrador, que suspende la inscripción mientras no se aporte el plan de liquidación o una resolución específica que autorizara la venta directa en ese caso, se acomoda a lo previsto en el art. 118 LH.

Tras esta sentencia, las causas por las que un registrador podrá denegar una inscripción quedan reducidas a la comprobación de dos hechos muy concretos.

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