Alcance del primer emplazamiento realizado por medios electrónicos. Comentario a la sentencia 47/2019 del Tribunal Constitucional de 08.04.2019

  1. Con la entrada en vigor de la ley 42/2015 y el Real decreto 1065/2015 se impuso a las personas jurídicas la obligación de comunicarse por medio de canales electrónicos con la administración de justicia.
  2. Como consecuencia de ello, se extendió por los juzgados la práctica de realizar el primer emplazamiento a sociedades que eran demandadas por vía electrónica por vía del art. 162 LEC. De esta manera, y en aplicación del art. 162.2 LEC, transcurridos 3 días desde la remisión de la notificación electrónica, el plazo para contestar a la demanda empezaba, aunque el demandado no hubiera tenido conocimiento de ella.
  3. Personalmente tuve un caso en el que me sucedió y en el que me estimaron el recurso de apelación con la siguiente argumentación. Efectuar el primer emplazamiento de forma electrónica es un error porque la forma de llevar a cabo el primer emplazamiento no está regulada en el art. 162 LEC, sino en el art. 155 LEC.
  4. De estos artículos se extrae:
  • El art. 155 LEC no prevé la comunicación electrónica de una demanda. El art. 162 LEC regula los actos de comunicación durante el proceso, no el emplazamiento para contestar a la demanda. El emplazamiento para contestar a la demanda se regula solo en el art. 155 LEC y en él no se prevé la notificación electrónica.
  • El art. 155 LEC exige (no da opción) que la notificación se haga en el domicilio señalado por el demandante.
  • El art. 155 LEC pivota sobre la exigencia que el destinatario pueda tener conocimiento real de lo que se le está notificando, lo que no sucedió en este caso.
  1. Y si el demandado no recibe la demanda debe aplicarse el art. 158 LEC, que remite al art. 161 LEC, que exige nuevamente notificación en papel en el domicilio del demandado.
  2. En conclusión, todo primer emplazamiento regulado en la LEC pivota sobre la notificación en papel en el domicilio del demandado.
  3. Esta teoría se confirma con la sentencia 47/2019 del Tribunal Constitucional, que estableció:

“Hemos de añadir que ninguno de los preceptos que la juzgadora invoca al resolver el incidente de nulidad tiene la virtualidad, individualmente valorados o conjuntamente considerados, de contrarrestar la aplicación del específico régimen jurídico estatuido para la primera citación o emplazamiento del demandado, pues ninguna de esas normas exceptúa de la regulación que establece el art. 155 LEC a quienes, conforme al art. 273.3 LEC, están obligados a relacionarse con la administración de justicia por vía electrónica o telemática. El hecho de que, por imperativo legal, los mencionados en este último precepto tengan que actuar en el proceso sirviéndose de esas vías tecnológicas y que, de acuerdo a lo previsto en el art. 152.2 LEC, ello dé lugar a que los actos de comunicación también se deban de practicar por medios electrónicos, no autoriza a entender, con fundamento en ese deber de relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos o telemáticos, que esas personas y entidades queden constreñidos, en cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a través de esos medios, hasta el extremo de quedar neutralizada la regulación legal especialmente prevista, sin distinción de supuestos o sujetos, para las primeras citaciones o emplazamientos del demandado en el art. 155. 1 y 2 LEC”.

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