Salario mínimo inembargable. Comentario al auto de 26.09.2019 del Tribunal Supremo, sala contenciosa, sección 1, recurso 889/2019.

  1. Si bien el auto del Tribunal Supremo comentado no es de la sala civil, sino de la contenciosa, considero importante comentarlo por la gran incidencia que puede tener si la sala civil adopta el razonamiento contenido en este auto.
  2. El auto analiza los límites de la administración pública a la hora de embargar el salario de un contribuyente, con atención al art. 171.3 LGT, que señala

“3. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión del deudor. A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior”.

  1. El Tribunal Supremo manifiesta textualmente

“La claridad del precepto y, en particular, del inciso final, que es el ahora concernido, hace que sea innecesaria cualquier interpretación jurisprudencial, pues es diáfano que las limitaciones que se establecen en la LEC se aplican exclusivamente sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión, y no sobre el exceso que pudiera haber en la cuenta bancaria, al margen de su origen y procedencia.”

  1. Es decir, el Tribunal Supremo considera que, a tenor del art. 171.3 LGT, la parte del sueldo inembargable que no se gaste y se ahorre se convierte en embargable.
  2. Es cierto que el art. 607.1 LEC, que regula el sueldo inembargable, no contiene el último inciso que sí establece el art. 171.3 LGT relativo a que se considera sueldo, salario o pensión el importe ingresado por ese concepto el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, el mes anterior. Pero la pregunta es casi obligada, pues tiene una gran incidencia económica: El ahorro del deudor embargado, es decir, aquella parte del sueldo inembargable que no se gasta y se ahorra, ¿es embargable porque pierde su naturaleza de sueldo y pasa a ser ahorro o sigue siendo inembargable?

Alcance del primer emplazamiento realizado por medios electrónicos. Comentario a la sentencia 47/2019 del Tribunal Constitucional de 08.04.2019

  1. Con la entrada en vigor de la ley 42/2015 y el Real decreto 1065/2015 se impuso a las personas jurídicas la obligación de comunicarse por medio de canales electrónicos con la administración de justicia.
  2. Como consecuencia de ello, se extendió por los juzgados la práctica de realizar el primer emplazamiento a sociedades que eran demandadas por vía electrónica por vía del art. 162 LEC. De esta manera, y en aplicación del art. 162.2 LEC, transcurridos 3 días desde la remisión de la notificación electrónica, el plazo para contestar a la demanda empezaba, aunque el demandado no hubiera tenido conocimiento de ella.
  3. Personalmente tuve un caso en el que me sucedió y en el que me estimaron el recurso de apelación con la siguiente argumentación. Efectuar el primer emplazamiento de forma electrónica es un error porque la forma de llevar a cabo el primer emplazamiento no está regulada en el art. 162 LEC, sino en el art. 155 LEC.
  4. De estos artículos se extrae:
  • El art. 155 LEC no prevé la comunicación electrónica de una demanda. El art. 162 LEC regula los actos de comunicación durante el proceso, no el emplazamiento para contestar a la demanda. El emplazamiento para contestar a la demanda se regula solo en el art. 155 LEC y en él no se prevé la notificación electrónica.
  • El art. 155 LEC exige (no da opción) que la notificación se haga en el domicilio señalado por el demandante.
  • El art. 155 LEC pivota sobre la exigencia que el destinatario pueda tener conocimiento real de lo que se le está notificando, lo que no sucedió en este caso.
  1. Y si el demandado no recibe la demanda debe aplicarse el art. 158 LEC, que remite al art. 161 LEC, que exige nuevamente notificación en papel en el domicilio del demandado.
  2. En conclusión, todo primer emplazamiento regulado en la LEC pivota sobre la notificación en papel en el domicilio del demandado.
  3. Esta teoría se confirma con la sentencia 47/2019 del Tribunal Constitucional, que estableció:

“Hemos de añadir que ninguno de los preceptos que la juzgadora invoca al resolver el incidente de nulidad tiene la virtualidad, individualmente valorados o conjuntamente considerados, de contrarrestar la aplicación del específico régimen jurídico estatuido para la primera citación o emplazamiento del demandado, pues ninguna de esas normas exceptúa de la regulación que establece el art. 155 LEC a quienes, conforme al art. 273.3 LEC, están obligados a relacionarse con la administración de justicia por vía electrónica o telemática. El hecho de que, por imperativo legal, los mencionados en este último precepto tengan que actuar en el proceso sirviéndose de esas vías tecnológicas y que, de acuerdo a lo previsto en el art. 152.2 LEC, ello dé lugar a que los actos de comunicación también se deban de practicar por medios electrónicos, no autoriza a entender, con fundamento en ese deber de relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos o telemáticos, que esas personas y entidades queden constreñidos, en cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a través de esos medios, hasta el extremo de quedar neutralizada la regulación legal especialmente prevista, sin distinción de supuestos o sujetos, para las primeras citaciones o emplazamientos del demandado en el art. 155. 1 y 2 LEC”.

Segunda oportunidad: la deuda pública también queda vinculada al plan de pagos aprobado por el juez y no a un fraccionamiento posterior

La reciente STS nº 381/2019 de fecha 2.7.2019 -algún día de estos se publicará en CENDOJ- aclara por fin el tratamiento del crédito público en el concurso de personas físicas (hablaremos en otro post del resto de cuestiones resueltas en la misma sentencia, también interesantes).

Hasta ahora, para obtener la cancelación de la deuda por la vía del art. 178 bis 5 LC (sometimiento a un plan de pagos de 5 años porque tenemos créditos privilegiados pendientes de pago no redimibles, muy posiblemente deuda con AEAT), una interpretación literal del art. 178 bis 6 LC nos obligaba a incluir la deuda pública al plan de pagos, con lo que obteníamos dos posibles resultados:

(i)                  Si la deuda era fraccionable según “su normativa específica”, una vez aprobado el plan de pagos por el juez del concurso, la AEAT nos aceptaba el fraccionamiento y listos.

(ii)                Si la deuda no era fraccionable según “su normativa específica”, una vez aprobado el plan de pagos por el juez del concurso, la AEAT se fumaba un puro y nos embargaba otra vez las cuentas, volviendo el deudor a la situación de insolvencia anterior a la solicitud del concurso. (Disculpa la frivolidad, pero la situación no deja de ser surrealista cuando, tras año y medio de concurso, te encuentras otra vez con todo embargado por Hacienda porque su crédito no se exonera como en el resto de Europa).

El Supremo parece ser que ha avistado una contradicción en el art. 178 bis 6 LC, pues a pesar de prever un plan de pagos para asegurar el pago de la deuda privilegiada en 5 años, somete la aprobación del mismo al acreedor público (AEAT), que termina rechazándose en lo que a su deuda refiere. Esta contradicción, concluye la Sala Civil del TS, impide que la norma consiga aquello para lo que fue creada: dar una segunda oportunidad.

Una interpretación teleológica de la norma resuelve a través de esta STS nº 381/2019 que el amo del corral es el juez del concurso, quien será el encargado de aprobar las condiciones de pago de la deuda privilegiada los 5 años de vigencia del plan de pagos sin discriminación entre acreedores, públicos o privados. Eso sí, oídas las partes personadas, quienes podrán alegar lo que convenga.

La jornada laboral “a la carta” del Art. 34.8 ET (Real Decreto-ley 6/2019 de 1 de marzo) -¿Qué novedades introduce y qué efectos está teniendo sobre los empresarios?

La reciente reforma del Estatuto de los Trabajadores está consiguiendo que los tribunales dicten las primeras sentencias a favor de los trabajadores aplicando la denominada jornada laboral “a la carta”.

El nuevo apartado del art. 34 del ET establece que “Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral”.

Este nuevo apartado introduce las siguientes novedades:

  1. Otorga un derecho individual a los trabajadores cuyo reconocimiento no está condicionado a lo previsto en el convenio colectivo o en acuerdos con la empresa.
  2. Prevé la posibilidad de conciliación sin que ello conlleve la reducción de la jornada, ni por lo tanto una reducción salarial.
  3. Otorga a los trabajadores derecho a “solicitar la adaptación” no “derecho a la adaptación”. De tal manera que no es un derecho imperativo si no un derecho de solicitud.
  4. Establece que el convenio colectivo ha de buscar la negociación entre las necesidades empresariales y las propias del trabajador. De lo contrario, el art. 34.8 ET establece que, una vez solicitado por el trabajador el derecho de conciliación, la empresa queda obligada a la negociación, concediéndose un plazo de 30 días para negociar. Finalizado este periodo, la empresa debe comunicar por escrito la aceptación, proponer una propuesta alternativa o denegar la petición justificando las causas objetivas de denegación.
  5. Por último, el 34.8 ET establece que el trabajador ha de acreditar que la adaptación solicitada ha de “ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa”.

Las novedades que ha introducido este nuevo Real-Decreto ley ha provocado una gran cantidad de solicitudes de cambio en los horarios de los trabajadores y está afectando a muchos empresarios. Al tratarse de una reforma tan novedosa, lo conveniente sería que las empresas abrieran negociación colectiva que regulase el sistema para poder solicitar este derecho de adaptación y los criterios que se deberán tener en cuenta para su concesión. De otro modo, el trabajador puede presentar su petición a la empresa, la cual tendrá que abrir un proceso de negociación.

Existe, por tanto, un riesgo de que aumente la litigiosidad, (al igual que con el deber de registro de la jornada), y es que, si la solicitud de adaptación es denegada por la empresa y el trabajador no está de acuerdo con las razones objetivas que fundamentan la decisión empresarial, éste podrá recurrirla ante los tribunales.

Otro dato a tener en cuenta es que el art. 34.8 ET no explica qué se entiende por “razones objetivas” para que la empresa pueda denegar la solicitud de adaptación. Por lo que habrá que prestar atención al papel de los tribunales.

Otro de los riesgos que pueden asumir las empresas es que los derechos de un trabajador puedan confrontar con los derechos de otros trabajadores de la misma empresa. Es decir, si varios trabajadores solicitan, por ejemplo, turnos de mañana y son concedidos por la empresa para poder conciliar la vida familiar y personal, el resto de los trabajadores de la plantilla, (si no tienen hijos menores de 12 años), pueden verse “obligados” a los turnos de tarde y de fin de semana.

Y, por lo tanto, supondrá de algún modo que las empresas deban incentivar económicamente los turnos de tarde/noche/fin de semana  y/o adaptarse a cambios organizativos, como el teletrabajo, para dar respuesta a la flexibilidad que ahora se les exige.