La interpretación de la compensación del art. 58 de la ley concursal según el Tribunal Supremo, Sentencia 581/2018, de 17 de octubre.

El Tribunal Supremo distingue entre la compensación de créditos propiamente dicha, entiendo la prevista en los arts. 1.195 y 1.196 y las compensación de deudas recíprocas cuyo origen sea la liquidación de una relación contractual. Por lo tanto, si el contrato ha sido resuelto con anterioridad al concurso las partes pueden invocar la liquidación. La compensación en los contratos bancarios tiene un régimen legal distinto, en aplicación del RDL 5/2005, de 11 de marzo.

 

1.- La prohibición general de compensación contenida en el art. 58 LC tiene como finalidad impedir que los acreedores que, a su vez, son deudores del concursado, tengan un trato de favor, y por tanto, no alterar el principio de igualdad de trato. Bajo la vigencia de la normativa concursal anterior, la jurisprudencia ( SSTS 19 de diciembre de 1991, 20 de mayo de 1993, 11 de julio de 2005 y 25 de octubre de 2007), ante el silencio normativo sobre su admisibilidad, se opuso a la operatividad de esta forma de neutralización de obligaciones recíprocas en situaciones concursales, en defensa, precisamente, de la par condicio creditorum que podría resultar injustificadamente alterada en beneficio del acreedor in bonis. Lo que ha sido reiterado en similares términos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, al interpretar el mencionado art. 58 LC (por todas, sentencias 46/2013, de 18 de febrero, y 229/2016, de 8 de abril). 2.- No obstante, a los efectos de la aplicación del art. 58 LC, cabe distinguir entre compensación de créditos y liquidación de las relaciones recíprocas en un único contrato bilateral. Como hemos dicho en las sentencias 428/2014, de 24 de julio, y 473/2017, de 20 de julio, y las que en ellas se citan, una cosa es la compensación de créditos propiamente dicha, en la que dos deudas recíprocas dimanantes de diferentes relaciones crediticias se extinguen en la parte concurrente, y otra la liquidación de una única relación contractual sinalagmática de la que han surgido obligaciones para una y otra parte. 3.- Eso es lo que, cabalmente, sucede en este caso. Sansan y Antilia no son deudoras y acreedoras recíprocas por diferentes y opuestos títulos de crédito, sino que son parte en una única relación contractual, un contrato de arrendamiento de industria, que en su ejecución ha generado obligaciones a cargo de ambas partes, en el resultado de cuya liquidación difieren. Como consecuencia de lo cual, debemos estimar el recurso de casación, anular la sentencia recurrida y asumir la instancia para resolver el recurso de apelación.

 

Según la Sentencia del Tribunal Supremo 576/2018, de 17 de octubre, la oposición a la ejecución hipotecaria por clausulas abusivas puede tener los efectos de cosa juzgada, es decir, las partes no podrán acudir a un juicio declarativo posterior a discutir lo mismo.

Recordemos que contra la ejecución de título no judicial (ejecución hipotecaria) iniciada por una entidad financiera cabe oposición por cláusulas abusivas (el interés de demora, vencimiento anticipado, liquidación unilateral de la deuda, renuncia por el prestatario a la notificación de la cesión del crédito, pacto de compensación, renuncia de los fiadores a los beneficios de orden, división, excusión y extinción y obligación del deudor a disponer de un seguro). La decisión del juez sobre la oposición puede dar lugar a: (a) estime la oposición por clausula abusiva, y en ese caso el tribunal que conozca de la ejecución en la que se haya opuesto la abusividad de esa cláusula la tendrá por no puesta y aplicará las consecuencias que correspondan en el proceso de ejecución, decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin aplicación de aquellas consideradas abusivas, según sea la cláusula considerada abusiva.

 

Por esta razón “se ha considerado que el auto que, conforme a lo previsto en el art. 561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resuelve la oposición de la ejecución, debe considerarse efectivamente como una resolución firme que, por tener efectos equivalentes a la cosa juzgada de las sentencias firmes, puede ser objeto de una demanda de revisión.”

Nuevo criterio para el computo del plazo para solicitar la declaración de nulidad por vicio en el consentimiento en los contratos swap o permuta financiera.

La sentencia del Tribunal Supremo de 22.10.2018 (3516/2018) considera que el plazo para presentar demanda solicitando la nulidad del contrato de swap o permuta financiera por vicio en el consentimiento comienza con la finalización del contrato de swap o de permuta financiera, no con la primera liquidación negativa como había mantenida el Tribuna Supremo en anteriores sentencias.

 

Recordemos que el plazo para presentar demanda para solicitar la nulidad por vicio en el consentimiento es de 4 años desde que finaliza la vigencia del contrato de permuta financiera o swap, según lo previsto en el art. 1301 del código civil.

 

Cómo resolver un contrato cuando una de las partes ha incumplido.

Leyendo la sentencia del Tribunal Supremo 513/2018, de 20 de septiembre me ha servido para repasar el sistema de resolución, en concreto, contestar de forma clara y concisa a cómo se resuelve un contrato.

Podríamos partir de una regla general, el artículo 1124 del código civil, la parte perjudicada por el incumplimiento (in bonis) puede optar por resolver el contrato, mediante una comunicación eficaz. Esta comunicación debe indicar la causa por la que opta por resolver y asegurarse que esta comunicación sea recibida por la parte deudora en el contrato.

Esta regla general nos obliga a tener en cuenta: (i) si el contrato es considerado como bilateral, recordemos la STS 432/2018 que declara el contrato de préstamo como bilateral y de obligaciones recíprocas, (ii) si el deudor o parte incumplidora está o no declarada en concurso, (iii) si el incumplimiento es anterior o posterior al concurso y (iv) si el contrato es de tracto único o tracto sucesivo.

Si el contrato es bilateral y de tracto único tan sólo podrá ejercitar la facultad resolutoria por incumplimiento de la concursada si el incumplimiento es posterior a la declaración de concurso; mientras que si se trata de un contrato de tracto sucesivo, la facultad resolutoria podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso. Consiguientemente, cuando el incumplimiento sea anterior a la declaración de concurso, no cabrá instar la resolución del contrato de tracto único.

A modo de conclusión, la parte perjudicada (in bonis) podrá resolver el contrato de forma extrajudicial, en aplicación del art. 1124 del código civil, siempre y cuando se trate de un contrato bilateral de obligaciones reciprocas, antes de que la parte deudora haya sido declarada en concurso. Una vez el deudor ha sido declarado en concurso, la parte perjudicada deberá acudir al juez del concurso para que declare la resolución del contrato, art. 62.1 LC. Si la parte incumplidora ha sido declarada en concurso y se trata de un contrato de tracto único, no es necesario que la parte perjudicada opte por resolver el contrato, ya que se le incluirá en la masa pasiva o activa según proceda.

En los casos de contratos bilaterales de tracto sucesivo, cuyo deudor esté en concurso, cuyo incumplimiento puede ser anterior o posterior, deberán acudir al juez a solicitar la resolución del contrato, o bien el cumplimiento con cargo a la masa, conforme dispone el art. 61.2 LC.

Pero si el contrato de préstamo no es unilateral qué contratos podríamos considerar unilaterales con arreglo a lo dispuesto en el art. 1310 del código civil: el comodato, la prenda, la hipoteca, el mandato a título gratuito…