Segunda oportunidad: una quita de la totalidad de la deuda no es proponer un acuerdo según el TS, 4 años después

El art. 178 bis 3 Ley Concursal enumera los requisitos que debe cumplir el deudor de buena fe, a los efectos de poder optar a la cancelación de las deudas en un concurso consecutivo. El ordinal 3º exige que “haya celebrado, o al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos” (AEP en adelante).

Hasta aquí todo correcto, acudimos a un Notario – o Registrador Mercantil o cámara de comercio si el deudor es empresario- y solicitamos el nombramiento de un mediador. Sin embargo, la duda nace a la hora de redactar la propuesta de plan de pagos previsto en el art. 236 LC. Sobre todo, si el deudor no tiene ingresos o éstos son insuficientes para satisfacer sus obligaciones familiares.

El citado artículo no pone límites a la quita, puede entenderse que también caben quitas del 90%, del 95%, del 99% e incluso los más valientes optan por proponer quitas del 100% de la deuda. ¿Acaso puede proponerse algo a los acreedores si el activo es 0 y los ingresos no superan el mínimo inembargable? Entonces es lógico que la propuesta sea una quita del 100% y al menos, en el momento procesal oportuno -cuando el administrador concursal solicite la conclusión en el concurso consecutivo-, podré acreditar que he cumplido con el requisito del art. 178 bis 3.3º LC.

Así lo hemos hecho en el despacho con nuestros clientes hasta la fecha, proponemos acuerdos en función de los ingresos de cada uno. Siempre, hasta la aparición de la reciente STS 150/2019 de 13 de marzo que confirma la sentencia de la Audiencia que entiende que no existe un verdadero intento de acuerdo extrajudicial de pagos, pues “la propuesta contenía una quita del 100% del importe de los créditos”. Como el tribunal considera que no existe intento de acuerdo, el deudor debe optar por cancelar sus deudas pagando el 25% del pasivo ordinario (art. 178 bis 3.4º LC), algo totalmente imposible en la mayoría de los concursos consecutivos.

La citada STS es la primera en interpretar el 178 bis 3.3º LC y lo hace diciendo que la propuesta de una quita de la totalidad de la deuda en el AEP no es una propuesta real. No ofrecer nada no es intentar un acuerdo.

Lo que me preguntaba tras leer la sentencia del Supremo es ¿qué debe entenderse por propuesta real? Porque ya son muchas las exoneraciones acordadas en las que el deudor ofrecía una quitas del 99% de los créditos en el AEP previo. Y sí, se tuvo por intentado el acuerdo en este último caso. ¿una quita del 99% se considera propuesta real y del 100% no?

La interpretación de la compensación del art. 58 de la ley concursal según el Tribunal Supremo, Sentencia 581/2018, de 17 de octubre.

El Tribunal Supremo distingue entre la compensación de créditos propiamente dicha, entiendo la prevista en los arts. 1.195 y 1.196 y las compensación de deudas recíprocas cuyo origen sea la liquidación de una relación contractual. Por lo tanto, si el contrato ha sido resuelto con anterioridad al concurso las partes pueden invocar la liquidación. La compensación en los contratos bancarios tiene un régimen legal distinto, en aplicación del RDL 5/2005, de 11 de marzo.

 

1.- La prohibición general de compensación contenida en el art. 58 LC tiene como finalidad impedir que los acreedores que, a su vez, son deudores del concursado, tengan un trato de favor, y por tanto, no alterar el principio de igualdad de trato. Bajo la vigencia de la normativa concursal anterior, la jurisprudencia ( SSTS 19 de diciembre de 1991, 20 de mayo de 1993, 11 de julio de 2005 y 25 de octubre de 2007), ante el silencio normativo sobre su admisibilidad, se opuso a la operatividad de esta forma de neutralización de obligaciones recíprocas en situaciones concursales, en defensa, precisamente, de la par condicio creditorum que podría resultar injustificadamente alterada en beneficio del acreedor in bonis. Lo que ha sido reiterado en similares términos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal, al interpretar el mencionado art. 58 LC (por todas, sentencias 46/2013, de 18 de febrero, y 229/2016, de 8 de abril). 2.- No obstante, a los efectos de la aplicación del art. 58 LC, cabe distinguir entre compensación de créditos y liquidación de las relaciones recíprocas en un único contrato bilateral. Como hemos dicho en las sentencias 428/2014, de 24 de julio, y 473/2017, de 20 de julio, y las que en ellas se citan, una cosa es la compensación de créditos propiamente dicha, en la que dos deudas recíprocas dimanantes de diferentes relaciones crediticias se extinguen en la parte concurrente, y otra la liquidación de una única relación contractual sinalagmática de la que han surgido obligaciones para una y otra parte. 3.- Eso es lo que, cabalmente, sucede en este caso. Sansan y Antilia no son deudoras y acreedoras recíprocas por diferentes y opuestos títulos de crédito, sino que son parte en una única relación contractual, un contrato de arrendamiento de industria, que en su ejecución ha generado obligaciones a cargo de ambas partes, en el resultado de cuya liquidación difieren. Como consecuencia de lo cual, debemos estimar el recurso de casación, anular la sentencia recurrida y asumir la instancia para resolver el recurso de apelación.

 

Según la Sentencia del Tribunal Supremo 576/2018, de 17 de octubre, la oposición a la ejecución hipotecaria por clausulas abusivas puede tener los efectos de cosa juzgada, es decir, las partes no podrán acudir a un juicio declarativo posterior a discutir lo mismo.

Recordemos que contra la ejecución de título no judicial (ejecución hipotecaria) iniciada por una entidad financiera cabe oposición por cláusulas abusivas (el interés de demora, vencimiento anticipado, liquidación unilateral de la deuda, renuncia por el prestatario a la notificación de la cesión del crédito, pacto de compensación, renuncia de los fiadores a los beneficios de orden, división, excusión y extinción y obligación del deudor a disponer de un seguro). La decisión del juez sobre la oposición puede dar lugar a: (a) estime la oposición por clausula abusiva, y en ese caso el tribunal que conozca de la ejecución en la que se haya opuesto la abusividad de esa cláusula la tendrá por no puesta y aplicará las consecuencias que correspondan en el proceso de ejecución, decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin aplicación de aquellas consideradas abusivas, según sea la cláusula considerada abusiva.

 

Por esta razón “se ha considerado que el auto que, conforme a lo previsto en el art. 561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resuelve la oposición de la ejecución, debe considerarse efectivamente como una resolución firme que, por tener efectos equivalentes a la cosa juzgada de las sentencias firmes, puede ser objeto de una demanda de revisión.”

Nuevo criterio para el computo del plazo para solicitar la declaración de nulidad por vicio en el consentimiento en los contratos swap o permuta financiera.

La sentencia del Tribunal Supremo de 22.10.2018 (3516/2018) considera que el plazo para presentar demanda solicitando la nulidad del contrato de swap o permuta financiera por vicio en el consentimiento comienza con la finalización del contrato de swap o de permuta financiera, no con la primera liquidación negativa como había mantenida el Tribuna Supremo en anteriores sentencias.

 

Recordemos que el plazo para presentar demanda para solicitar la nulidad por vicio en el consentimiento es de 4 años desde que finaliza la vigencia del contrato de permuta financiera o swap, según lo previsto en el art. 1301 del código civil.