Qué pasa con los accionistas del Banco Popular

Hace unas semanas un muy buen abogado y amigo me comentó el universo de casos que está generando la compra del Banco Popular por el Banco Santander. Días después otro brillante abogado y buen amigo me ilustró durante el trayecto de AVE del universo de casos que a continuación voy a intentar resumir por si resultara de utilidad.

 

Muy resumidamente, las acciones judiciales que tienen los accionistas contra el Banco Popular son dos:

  1. La nulidad de la compra de las acciones que se hicieron en las ampliaciones de capital llevadas a cabo por el Banco Popular entre mayo y junio de 2016 como consecuencia del vicio del consentimiento, ya que el consentimiento estaba basado en el error de las circunstancias financieras de la sociedad emisora. Las sentencias que establecieron este criterio son las dictadas por el Tribunal Supremo el 03.02.2016, en concreto, las STS 92/2016 y STS 91/2016. Ambas respecto al caso Bankia y por la compra de las acciones basada en la información que contenía el folleto de oferta pública de suscripción.
  2. La acción de daños y perjuicios conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, en concreto el artículo 38 por la falsedad en la información facilitada sobre las circunstancias financieras de la empresa emisora. La información errónea o falsa no estaba solo en el folleto de la Oferta Pública de Suscripción, sino que también figuraba en las cuentas anuales y auditadas, al menos desde el 2012. Las cuentas estaban auditadas por Price Water House Coopers Auditores SL, siendo su opinión limpia.

 

La venta de cartera de créditos de bancos a fondos de inversión

Leía el otro día que el Ulster Bank, un banco irlandés, estaba siendo muy criticado porque había vendido al fondo de inversión americano Cerberus Capital Management una cartera de créditos por un total de 1,4 billones de euros.

 

La cesión global de créditos o venta de carteras de créditos es una práctica muy habitual en todos los mercados, de hecho, en nuestro caso el Tribunal Supremo ha denegado en al menos dos ocasiones el derecho de retracto al deudor cuando se trata de la cesión de cartera. En concreto, mediante sentencias del 31 de octubre de 2008 y 1 de abril de 2015 denegó al deudor el derecho a saldar su deuda con el nuevo acreedor pagándole el precio que el fondo había pagado al banco por su crédito. El Tribunal Supremo consideró en ambos casos que la aplicación del artículo 1535 del código civil resulta de aplicación en el caso de transmisión o cesión de crédito puntual o singular, no cuando se trata de la cesión global de una cartera.

 

En línea con lo anterior el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta que la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas no es aplicable, salvo que expresamente lo prevea el contrato, a esta venta de cartera, es decir, el deudor, a pesar de ser considerado consumidor, no podrá exigir al nuevo acreedor (el comprador del crédito) el derecho a saldar su deuda pagando el importe que el fondo pagó.

 

Como decía al principio, lo que los políticos irlandeses reprochan al Ulster Bank por la venta de la cartera de créditos a Cerberus es que este último haga el trabajo sucio que el banco no hizo.

El consumidor y los intereses moratorios

Acabo de volver de unas breves vacaciones y me he tropezado con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de agosto de 2018 en los casos C-96/16 y C-94/17. El C-96/16 corresponde al asunto entre el Banco Santander y Mahamadou Dema y Mercedes Godoy Bonet y el caso C-94/17 corresponde al asunto entre Rafael Ramón Escobedo Cortés y el Banco Sabadell.

 

En estos dos casos el TJUE responde a dos peticiones prejudiciales respecto a la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

 

De forma muy resumido el TJUE interpreta que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores no es aplicable a la práctica empresarial de cesión o compra de créditos frente a un consumidor, si dicha cesión no está prevista en el contrato de préstamo celebrado con el consumidor, ni es aplicable a los contratos de cesión de créditos litigiosos, salvo que así se hubiera previsto expresamente en el contrato. Dicho de otro modo el consumidor no podrá solicitar al comprador de la cartera de créditos comprar su crédito por el mismo importe que este lo compró. Ocurre con frecuencia que las entidades financieras ceden su cartera de créditos a fondos por un precio que puede oscilar entre el 1 y el 5% del total, sin embargo, el consumidor no puede exigir al que compró la cartera saldar su deuda pagando solo el precio que éste último pagó a la entidad financiera.

 

Por otro lado, la misma sentencia del TJUE confirma respecto a las cláusulas abusivas:

  1. Que los intereses de demora no pueden ser superiores en 2 puntos al interés remuneratorio.
  2. Que la nulidad de la cláusula sobre los intereses moratorios no supone la nulidad de la cláusula que regular los intereses remuneratorios del préstamo.

Como opera la compensación en caso de concurso de acreedores. La compensación como extinción de las obligaciones y quizás también como garantía, ¿real o personal?

Por Mariano Hernández Montes

Socio de M&M ABOGADOS

Como opera la compensación en caso de concurso de acreedores. La compensación como extinción de las obligaciones y quizás también como garantía, ¿real o personal?

 

Propongo la clasificación de la compensación según su regulación:

  1. La compensación como forma de concluir obligaciones (ex art. 1195 y 1196 Ccivil) con los requisitos que establece el propio código civil.
  2. La compensación consensual o compensación como garantía (ex art. 175.7 CCom) que es el mecanimos de liquidación que opera a través de los contratos de cuenta corriente mercantil, no olvidemos que el contrato de cuenta corriente mercantil es un contrato atípico, por todas, la STS 2057/1992, de 11.03.1992). En estos casos podríamos considerar que la compensación concluye las obligaciones reciprocas y además se aproxima al concepto de garantía, entendiéndolo como forma que la parte acreedora tiene para cobrar sus crédito.
  3. La compensación financiera. Esta compensación es legal y consensual. Legal porque específicamente está regulada en los artículos 5 y 16.2 del RDL 5/2005, de 11 de marzo, que es regulación especial regulada por la propia LC. Está compensación se recogió también en los Contratos Marco de Operaciones Financieras (CMOF). La singularidad respecto al punto anterior es que la entidad financiera tiene la opción de realizar activos financieros para llevar a cabo la compensación. http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8403516&links=concurso%20de%20acreedores%20Y%20compensaci%C3%B3n&optimize=20180601&publicinterface=trueLas partes han acordado expresamente en facultar a la entidad financiera para que haciendo uso del RDL 5/2005 realice el activo financiero y lleve a cabo el pago a través de la compensación.

El art. 58 de la ley concursal prohíbe la compensación salvo en aquellos casos en los que se podría haber compensado antes de la declaración de concurso. El TS ha interpretado en la STS 4918/2017, de 17.11.2017, que cabe la compensación cuando hay obligaciones reciprocas, entiendo que también cabe la compensación cuando se cumple con las condiciones acordadas en caso de compensación consensual o compensación financiera. No debemos perder de vista que el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública es legislación específica y por lo tanto es la excepción a lo previsto en el art. 58 LC. Esta excepción autoriza a las entidades financieras a realizar los activos financieros en garantía del pago de sus créditos a través de la compensación prevista tanto en los contratos de cuenta corriente como a través de los contratos marcos de compensación.

Y por último, estaría el tratamiento especial que tiene la legislación tributaria respecto a la compensación de oficio a través de los artículos 71 a 74 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y los artículos 55 a 60 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. En estos casos, la AEAT puede llevar a cabo la compensación de oficio en los casos en los que el obligado tributario sea acreedor y deudor. La compensación se deberá llevar a cabo en período ejecutivo. Esta compensación de oficio en el caso de concurso de acreedores puede plantear problemas porque la compensación podría suponer el pago de créditos concursales en detrimento del resto de acreedores.