Segunda oportunidad: la deuda pública también queda vinculada al plan de pagos aprobado por el juez y no a un fraccionamiento posterior

La reciente STS nº 381/2019 de fecha 2.7.2019 -algún día de estos se publicará en CENDOJ- aclara por fin el tratamiento del crédito público en el concurso de personas físicas (hablaremos en otro post del resto de cuestiones resueltas en la misma sentencia, también interesantes).

Hasta ahora, para obtener la cancelación de la deuda por la vía del art. 178 bis 5 LC (sometimiento a un plan de pagos de 5 años porque tenemos créditos privilegiados pendientes de pago no redimibles, muy posiblemente deuda con AEAT), una interpretación literal del art. 178 bis 6 LC nos obligaba a incluir la deuda pública al plan de pagos, con lo que obteníamos dos posibles resultados:

(i)                  Si la deuda era fraccionable según “su normativa específica”, una vez aprobado el plan de pagos por el juez del concurso, la AEAT nos aceptaba el fraccionamiento y listos.

(ii)                Si la deuda no era fraccionable según “su normativa específica”, una vez aprobado el plan de pagos por el juez del concurso, la AEAT se fumaba un puro y nos embargaba otra vez las cuentas, volviendo el deudor a la situación de insolvencia anterior a la solicitud del concurso. (Disculpa la frivolidad, pero la situación no deja de ser surrealista cuando, tras año y medio de concurso, te encuentras otra vez con todo embargado por Hacienda porque su crédito no se exonera como en el resto de Europa).

El Supremo parece ser que ha avistado una contradicción en el art. 178 bis 6 LC, pues a pesar de prever un plan de pagos para asegurar el pago de la deuda privilegiada en 5 años, somete la aprobación del mismo al acreedor público (AEAT), que termina rechazándose en lo que a su deuda refiere. Esta contradicción, concluye la Sala Civil del TS, impide que la norma consiga aquello para lo que fue creada: dar una segunda oportunidad.

Una interpretación teleológica de la norma resuelve a través de esta STS nº 381/2019 que el amo del corral es el juez del concurso, quien será el encargado de aprobar las condiciones de pago de la deuda privilegiada los 5 años de vigencia del plan de pagos sin discriminación entre acreedores, públicos o privados. Eso sí, oídas las partes personadas, quienes podrán alegar lo que convenga.

Segunda oportunidad: una quita de la totalidad de la deuda no es proponer un acuerdo según el TS, 4 años después

El art. 178 bis 3 Ley Concursal enumera los requisitos que debe cumplir el deudor de buena fe, a los efectos de poder optar a la cancelación de las deudas en un concurso consecutivo. El ordinal 3º exige que “haya celebrado, o al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos” (AEP en adelante).

Hasta aquí todo correcto, acudimos a un Notario – o Registrador Mercantil o cámara de comercio si el deudor es empresario- y solicitamos el nombramiento de un mediador. Sin embargo, la duda nace a la hora de redactar la propuesta de plan de pagos previsto en el art. 236 LC. Sobre todo, si el deudor no tiene ingresos o éstos son insuficientes para satisfacer sus obligaciones familiares.

El citado artículo no pone límites a la quita, puede entenderse que también caben quitas del 90%, del 95%, del 99% e incluso los más valientes optan por proponer quitas del 100% de la deuda. ¿Acaso puede proponerse algo a los acreedores si el activo es 0 y los ingresos no superan el mínimo inembargable? Entonces es lógico que la propuesta sea una quita del 100% y al menos, en el momento procesal oportuno -cuando el administrador concursal solicite la conclusión en el concurso consecutivo-, podré acreditar que he cumplido con el requisito del art. 178 bis 3.3º LC.

Así lo hemos hecho en el despacho con nuestros clientes hasta la fecha, proponemos acuerdos en función de los ingresos de cada uno. Siempre, hasta la aparición de la reciente STS 150/2019 de 13 de marzo que confirma la sentencia de la Audiencia que entiende que no existe un verdadero intento de acuerdo extrajudicial de pagos, pues “la propuesta contenía una quita del 100% del importe de los créditos”. Como el tribunal considera que no existe intento de acuerdo, el deudor debe optar por cancelar sus deudas pagando el 25% del pasivo ordinario (art. 178 bis 3.4º LC), algo totalmente imposible en la mayoría de los concursos consecutivos.

La citada STS es la primera en interpretar el 178 bis 3.3º LC y lo hace diciendo que la propuesta de una quita de la totalidad de la deuda en el AEP no es una propuesta real. No ofrecer nada no es intentar un acuerdo.

Lo que me preguntaba tras leer la sentencia del Supremo es ¿qué debe entenderse por propuesta real? Porque ya son muchas las exoneraciones acordadas en las que el deudor ofrecía una quitas del 99% de los créditos en el AEP previo. Y sí, se tuvo por intentado el acuerdo en este último caso. ¿una quita del 99% se considera propuesta real y del 100% no?