Segunda oportunidad: la deuda pública también queda vinculada al plan de pagos aprobado por el juez y no a un fraccionamiento posterior

La reciente STS nº 381/2019 de fecha 2.7.2019 -algún día de estos se publicará en CENDOJ- aclara por fin el tratamiento del crédito público en el concurso de personas físicas (hablaremos en otro post del resto de cuestiones resueltas en la misma sentencia, también interesantes).

Hasta ahora, para obtener la cancelación de la deuda por la vía del art. 178 bis 5 LC (sometimiento a un plan de pagos de 5 años porque tenemos créditos privilegiados pendientes de pago no redimibles, muy posiblemente deuda con AEAT), una interpretación literal del art. 178 bis 6 LC nos obligaba a incluir la deuda pública al plan de pagos, con lo que obteníamos dos posibles resultados:

(i)                  Si la deuda era fraccionable según “su normativa específica”, una vez aprobado el plan de pagos por el juez del concurso, la AEAT nos aceptaba el fraccionamiento y listos.

(ii)                Si la deuda no era fraccionable según “su normativa específica”, una vez aprobado el plan de pagos por el juez del concurso, la AEAT se fumaba un puro y nos embargaba otra vez las cuentas, volviendo el deudor a la situación de insolvencia anterior a la solicitud del concurso. (Disculpa la frivolidad, pero la situación no deja de ser surrealista cuando, tras año y medio de concurso, te encuentras otra vez con todo embargado por Hacienda porque su crédito no se exonera como en el resto de Europa).

El Supremo parece ser que ha avistado una contradicción en el art. 178 bis 6 LC, pues a pesar de prever un plan de pagos para asegurar el pago de la deuda privilegiada en 5 años, somete la aprobación del mismo al acreedor público (AEAT), que termina rechazándose en lo que a su deuda refiere. Esta contradicción, concluye la Sala Civil del TS, impide que la norma consiga aquello para lo que fue creada: dar una segunda oportunidad.

Una interpretación teleológica de la norma resuelve a través de esta STS nº 381/2019 que el amo del corral es el juez del concurso, quien será el encargado de aprobar las condiciones de pago de la deuda privilegiada los 5 años de vigencia del plan de pagos sin discriminación entre acreedores, públicos o privados. Eso sí, oídas las partes personadas, quienes podrán alegar lo que convenga.

Reforma de la LEC (iii): procuradores a la americana

Noviembre ha resultado un mes complicado laboralmente, lo único malo del exceso de trabajo es que no puedo mantener el ritmo de las entradas.

Esta tercera entrada de la reforma de la LEC la dedicaré a  los procuradores. En mi experiencia profesional varias veces me ha costado explicar a los clientes el papel de los procuradores. Es incuestionable que algunos avances tecnológicos obligan a que el colectivo se adapte (otro tanto va para los abogados). Mi experiencia con los procuradores me permite afirmar que es un colectivo colaborador, ágil y dispuesto, pero todos tenemos que adaptarnos. De hecho, la propia exposición de motivos (III) es una loa histórica al colectivo para terminar señalando que, ahora, serán ellos quienes deberán asumir muchas gestiones que hasta ahora efectuaban los funcionarios de la administración de justicia.

A mi juicio, esto no supone per se una privatización de la justicia como se ha señalado (p.ej. aquí). O ahorramos al administrado el coste del procurador o bien ahorramos el coste general a la administración de justicia (que es el de todos). No es que piense que los procuradores son prescindibles y los abogados, no; al contrario. De hecho, en algunos procedimientos como la ejecución sin oposición o la ejecución una vez resuelta la oposición, en realidad, el abogado considero que no hace ninguna falta. Bastará tramitar el proceso de embargo de bienes, solicitar los mandamientos de pago, solicitar la subasta y, en su caso, asistir a la parte en la subasta, etc. cosas que, entiendo, un procurador puede hacer bastante mejor que un abogado. Si no es precisa una defensa técnica el abogado sobra y si no es precisa una representación procesal de la parte el procurador sobra. Nada más.

Tras la reforma el procurador podrá llevar a cabo las siguientes funciones:

Actos de comunicación, auxilio y cooperación con los tribunales. Para estos actos no cabe delegación, lo debe hacer personalmente y podrá certificar haber notificado algún documento, acto, etc. (art. 23 LEC) corriendo desde ese momento el plazo.
Para que el procurador pueda realizar estas funciones es necesario que se pida expresamente en los escritos iniciales del proceso (art. 152 LEC). De hecho, si no se dice nada serán los funcionarios quienes lo hagan.
El procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor de un acto de comunicación. En ese mismo documento quedará constancia de la recepción (firma), fecha, hora y contenido de la comunicación. No debería ser muy complicado, como lo hace el de Correos que no sabe de demandas también lo debe hacer un procurador que hasta puede advertir mejor.
Llevar a cabo la citación de los testigos, peritos y otras personas que deban intervenir en juicio (art. 159.1 LEC).
En caso de negativa a firmar por el destinatario la pondrá a su disposición en la oficina judicial haciéndole saber que se le dará por emplazado (art. 161 LEC). Bastará con que firme el recibí de la diligencia aunque sea “no conforme” para tener por realizado el trámite.
Si no localiza al destinatario en su domicilio, el procurador, procurará averiguar si vive allí. Esto en realidad lo debería hacer también el funcionario de Correos o la policía (cosa que no hacen). Por este motivo no es que se privatice es que antes se hacía mal y ahora se deberá hacer bien.
Digitalizar los documentos para la administración de justicia y la otra parte (art. 276 LEC).
La reforma, en realidad, simplemente faculta a los procuradores para  gestionar los documentos del juzgado. Hay que llevar cuidado al afirmar lo de “la justicia de dos velocidades” porque presupone que los funcionarios no son diligentes y parece recomendar igualar por abajo. Mala solución.

Jornadas de derecho concursal

Los próximos 28 y 29 de octubre de 2015 se celebrarán las jornadas de “reestructuración de empresas en dificultades económicas” en la UIC campus Barcelona (ver aquí la presentación y programa).

cartel UICEs una gran oportunidad para conocer, de primera mano, las herramientas de que disponen los empresarios para poder organizar adecuadamente la deuda y, en especial, los posibles efectos de esta reestructuración ante las entidades financieras. En ocasiones, negociar la refinanciación individualmente con la oficina o delegación de zona es muy complicado y no se conocen adecuadamente las alternativas. En las jornadas se podrá ver el alcance de las medidas introducidas por el RDL 11/14, la Ley 9/2015 y otras que han modificado sensiblemente el tratamiento de, por ejemplo, las hipotecas de lo que hemos hablado en profundidad aquí. También se hablará de la suspensión de las ejecuciones como consecuencia de la refinanciación y los efectos sobre los avalistas o fiadores.

En el marco actual de “recuperación” de la actividad industrial pero donde la deuda (especialmente la inmobiliaria) sigue siendo un lastre que impide el crecimiento, las jornadas son una gran oportunidad para tratar de adaptar estas herramientas a situaciones concretas. Además, el mecanismo de participación y la calidad de los ponentes permitirá tener respuestas de primer nivel y aplicables.

Debido a la novedad operada por el Real Decreto 1/2015 de segunda oportunidad se ha habilitado un apartado en la cuarta mesa redonda donde se tratará en exclusiva esta materia por el magistrado del juzgado mercantil 7 de Madrid, Ilmo. Sr. Senent.

Juzgados de primera instancia: competentes para conocer de los procedimientos concursales de personas naturales. Art. 85.6 LOPJ

El pasado 22 de julio se aprobó la Ley Orgánica 7/2105 que modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (LOPJ). Entre otras novedades, la reforma, incorpora el apartado 6 del art. 85 que señala que los juzgados de primera instancia conocerán “De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su Ley reguladora.” La reforma entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2015.

Es cierto que, en definitiva, hay un juez o magistrado que vela por el cumplimiento de la norma. Sin embargo, el ciudadano, con esta reforma no tendrá acceso a los jueces especializados que se crearon en 2003. La exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/2003, que también modificó la LOPJ para introducir los jueces de lo mercantil, en la exposición de motivos II, párrafo 3º, señalaba:

“La creación de estos nuevos juzgados especializados dentro del orden jurisdiccional civil, de cuya necesidad incuestionada se ha hecho eco expresamente el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001, responde a un doble propósito. Por una parte, dar respuesta a la necesidad que plantea la nueva Ley 22/2003, Concursal, que atribuye al juez del concurso el conocimiento de materias pertenecientes a distintas disciplinas jurídicas y que, hasta el día de hoy, estaban asignadas a diferentes órdenes jurisdiccionales, lo que exige del titular del órgano jurisdiccional y del personal al servicio del mismo una preparación especializada.”

colapso-justicia-papelesNo alcanzo a comprender qué es lo que ha cambiado de aquél mensaje, máxime cuando el partido del gobierno era el mismo que ahora ha aprobado la reforma. Ahora serán de nuevo los jueces de primera instancia quienes deberán ver todo el procedimiento concursal de las personas físicas (el procedimiento general) y además el concurso consecutivo, con las especialidades del art. 242 LC.

Los jueces de primera instancia, en consecuencia, celebrarán las vistas de los incidentes concursales, acciones de reintegración, secciones de calificación, etc. Con el peso de una jurisprudencia que las secciones 15 de Barcelona, 28 de Madrid y Tribunal Supremos se han encargado de elaborar. V. gr. la interpretación de las garantías contextuales, la interpretación del 164, 165 LC, etc. Todo ello mientras, simultáneamente, deciden sobre verbales de tráfico, arrendamientos, ordinarios, hipotecarios, cláusulas suelo, swaps, etc. Creo que el deudor persona natural no empresario no debería tener limitados sus derechos al juez necesariamente especializado que rezaba la LO 8/2003.

Si lo que se quería era tramitar sólo la remisión de deuda, aun, pero incorporarles toda un nueva ley procesal separada de la LEC (la ley concursal tiene su propio régimen de postulación y procedimiento), a mi juicio, será un error que generará importantes desigualdades y, lo más grave, una interpretación previsiblemente no armonizada del art. 178 BIS LC. Con el peligro de seguridad jurídica que esto comporta. Hubiera sido bastante más sencillo crear, o incluso reconvertir, algún o algunos juzgados de primera instancia para conocer de estos procedimientos y asignarles un magistrado con la especialidad.

Los juzgados de lo mercantil, por el tipo de procedimiento, tienen una mecánica de funcionamiento que será imposible (por agenda, no por falta de voluntad) que los juzgados de primera instancia puedan mantener. Lo que, sin duda, irá en detrimento del ciudadano ya que muchas cuestiones que se podían resolver en una reunión, ahora, será imposible.

Suerte que, al menos, la Ley 25/2015 ha servido para corregir algunos desajustes en la convalidación del RDL 1/2015.