COMPETENCIA PARA DECIDIR SOBRE LA SUCESIÓN DE EMPRESA EN VENTAS DE UNIDADES PRODUCTIVAS

Es un tema recurrente en la actualidad: si compro una unidad productiva dentro de un concurso, ¿existe sucesión de empresa? Y si existe sucesión de empresa, ¿alcanza esa sucesión a todas las deudas laborales y de seguridad social o solo alcanza a la de los trabajadores en los que me subrogo? No existe una respuesta unívoca sobre ese alcance. Pero creo que sí debe existir una respuesta única a la pregunta: quién es el competente para decidir si existe sucesión y cuál es su alcance. Resuelta esta cuestión, la inseguridad jurídica en las adquisiciones de unidades productivas en concurso desaparecerá, puesto que el adquirente conocerá, antes de adquirir, las condiciones y alcance windowslearner.com de la sucesión de empresa.
Entrando en el análisis, debemos determinar la normativa aplicable. Partiremos de la Directiva 2001/23/CE.
La directiva parte de la transferencia al cesionario de todos los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo, es decir, transferencia de las deudas (art. 3 Directiva 2001/23/CE “Los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso, serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal traspaso”.
No obstante, esa transferencia de derechos y obligaciones (deudas laborales) no será aplicable en ventas de unidades productivas que se transmitan dentro de un procedimiento concursal del transmitente, salvo que exista una disposición contraria por parte de cada estado miembro de la UE (art. 5 Directiva 2001/23/CE “1. Salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros, los artículos 3 y 4 no serán aplicables a los traspasos de empresas, centros de actividad, o partes de empresas o centros de actividad, cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y éstos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente (que podrá ser un interventor de empresas autorizado por una autoridad pública competente)”.
El Juzgado mercantil 3 de Barcelona planteó cuestión prejudicial al TJUE para que interpretara dichos artículos. Por auto del TJUE, asunto C-688/2013, el tribunal resolvió:
Que conforme a la Directiva 2001/23/CE era compatible con el derecho de la unión (i) que se exonerara al cesionario de las deudas laborales previas a la transmisión de una unidad productiva dentro de un procedimiento concursal (art. 3 Directiva 2001/23/CE); (ii) que se impusiera al cesionario las deudas laborales en la transmisión de una unidad productiva dentro de un procedimiento concursal.
Que es el tribunal del estado windowslearner miembro (en este caso España) quien debe decidir si su normativa interna exonera o impone las deudas laborales en la transmisión.
La resolución del TJUE en nada aclaró el problema, más allá de decir lo obvio: (i) que la Directiva 2001/23/CE permitía ambas cosas (exonerar o imponer la sucesión de empresa); (ii) que son los tribunales de cada estado quienes deben interpretar si su normativa exonera o impone la sucesión.
Por tanto, debemos analizar la normativa interna a fin de dilucidar la cuestión. Toda venta de una unidad productiva en un procedimiento concursal se hará, (i) bien en fase común (vía arts. 43, 146 bis, 149 y 188 LC); (ii) bien en fase de liquidación a través del plan de liquidación (vía arts. 146 bis, 148, 149 y 188 LC).
Por tanto, en ambos supuestos existirá:
Una petición de venta de la AC, bien de forma directa, bien a través de su plan de liquidación, en la que fijará las condiciones de la transmisión (arts. 148 o 188 LC),
Un traslado a los acreedores para que formulen observaciones y propuestas de modificación (arts. 148.2 o 188 LC), entre los que estarán FOGASA y TGSS (siempre suelen estar);
Un traslado a los representantes de los trabajadores para que formulen observaciones y propuestas de modificación (arts. 148.3, 188 y 149.1º LC);
Una resolución judicial autorizando la forma de venta y las condiciones de la transmisión (arts. 148.2 LC aprobando el plan de liquidación o 188 LC aprobando la venta directa).
La resolución judicial autorizando la forma de venta y las condiciones de transmisión necesariamente debe pronunciarse sobre el alcance de la sucesión de empresa prevista en los arts. 146 bis.3 y 4, 149.4 LC y 44.1 ET, con competencia exclusiva y excluyente (art. 8 LC).
En resumen, dentro del concurso habrá existido un trámite de en el que las partes habrán emitido su opinión respecto a la existencia y alcance de la sucesión de empresa y el juez, en el ámbito de su competencia exclusiva y excluyente, habrá emitido su decisión. Esta decisión es recurrible únicamente por los cauces previstos:
Venta en fase de liquidación con plan de liquidación aprobado mediante recurso de apelación contra el auto que apruebe el plan de liquidación (art. 148.2 LC);
Venta en fase común o fase de liquidación sin plan aprobado, ambas mediante solicitud de autorización judicial, sin más recurso que el de revisión (art. 149.1º y 188.3 LC).
El recurso podrá interponerlo cualquier interesado (FOGASA, TGSS y trabajadores). Se recurra o no, finalmente existirá una resolución judicial firme que desplegará los efectos de cosa juzgada material (art. 222.4 LEC).
Por tanto, la resolución judicial que resuelva sobre la venta de la unidad productiva dentro de un procedimiento concursal, sea en primera o en segunda instancia, resuelve con efectos de cosa juzgada material (art. 222.4 LEC) el alcance de la sucesión de empresa a efectos laborales.
Esta es la interpretación que han alcanzado, entre otras, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 19.02.2016, roj STSJ CAT 2103/2016, de 17.05.2016, roj STSJ CAT 4239/2016, y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 07.12.2016, roj STSJ CL 4463/2016.
A mi juicio, este es el núcleo de la cuestión. Alcanzar otra conclusión sería ilógica, porque implicaría considerar que la resolución del juzgado que tramita el concurso carece de efectos, que es tanto como decir que no sirve para nada. Entiendo que eso no es lo que quiere el art. 222.4 LEC. Y, recordemos, que el derecho, ante todo, debe ser lógico, pues tal y como ha reconocido reiterada doctrina del Tribunal Supremo (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo, sala civil, de 15.03.1983, roj STS 47/1983 y de 28.01.1992, roj STS 13456/1992), debe atenderse al principio general del derecho (aplicables conforme al art. 1 CC) que reza que “toda interpretación o inteligencia que conduzca al absurdo debe rechazarse”.
Faltaría entrar a analizar si existe sucesión de empresa en las transmisiones y cuál es su alcance, lo que deberá determinarse caso por caso. Pero esta cuestión deja de tener importancia para la seguridad del tráfico jurídico porque el adquirente sabrá, desde el primer momento, cuales son las reglas del juego, esto es, cuales son las condiciones de la adquisición, si existe o no sucesión de empresa y qué deudas asume, y sobre esa información, decidirá si acude a comprar o no.

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