¿Puede un plan de liquidación de un procedimiento concursal imponer al comprador / adquirente de un bien el pago de impuestos a los que está legalmente obligado el vendedor, en concreto, la plusvalía?

Cada vez que se presenta un plan de liquidación en un procedimiento concursal de una sociedad propietaria de bienes inmuebles hipotecados surge la misma pregunta, sobre todo en las entidades financieras titulares de créditos con privilegio especial: ¿puede el plan de liquidación imponer al comprador / adquirente el pago de impuestos a los que legalmente está obligado el vendedor, en concreto, la plusvalía?

En mi opinión no. Por los siguientes motivos:

  1. Porque eso implica incumplir los arts. 90 y 155 LC

Conforme a los arts. 90 y 155 LC, los bienes afectos deben destinarse al pago del crédito con privilegio especial que garantizan, no pudiéndose destinar a otros créditos hasta que no se cubra el crédito privilegiado.

Si se carga al comprador con el pago de la plusvalía es de lógica que éste descuente del precio a pagar el importe de la plusvalía. Por tanto, un comprador que está dispuesto a pagar 100, debe pagar 100, que deben ir íntegramente destinados a pagar al acreedor con privilegio especial. Si cargamos al comprador con el coste de la plusvalía, el comprador que esté dispuesto a pagar 100, si la plusvalía son 10, únicamente pagará 90, por lo que el acreedor con privilegio especial solo recibirá 90. Por tanto, la fórmula supone provocar un daño directo al acreedor con privilegio especial de 10.

  1. Porque la identidad del sujeto pasivo de los impuestos es materia indisponible para las partes que está regulada por normas imperativas que no pueden ser modificadas contractualmente

Señala el art. 17.5 LGT que «5. Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas».

Por tanto, los pactos que modifican la identidad del sujeto pasivo son inoponibles ante la AEAT o la agencia tributaria autonómica o municipal, pues ésta solo tiene acción para reclamar los tributos frente al sujeto pasivo, no frente al obligado contractualmente.

En este sentido, auto de la Audiencia provincial de Barcelona, sección 15, de 11.02.2015, roj AAP B 61/2015.

  1. Si no existe comunicación del art. 176 bis LC carece de justificación cargar al comprador con esos gastos.

Conforme al art. 176 bis LC, debe ponerse de manifiesto en el juzgado de forma inmediata la previsible insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa. Si no se ha efectuado esa comunicación, carecería de lógica que, teniendo la masa activa dinero para el pago de los créditos contra la masa, se traslade al comprador unos impuestos y gastos que no debe asumir, cuando la masa puede y debe (porque es su obligación, no la del comprador) abonarlos.

  1. Bajo ningún concepto puede cargarse al acreedor hipotecario con tributos

El acreedor hipotecario suscribió un contrato de préstamo con garantía hipotecaria con el concursado con una serie de condiciones. Entre estas condiciones se encontraban las relativas a la ejecución de los bienes hipotecados en caso de impago y los costes que asumiría cada uno en caso de impago y ejecución del bien. Por ello, hacerle responsable del pago de tributos de los que no es sujeto pasivo supone una novación (arts. 1203 y ss. CC) que no está consentida por el acreedor hipotecario. Cargarle con esos gastos supondría una novación impuesta que supondría causa de resolución del contrato por incumplimiento de la concursada (art. 1124 CC), caso en el que procedería la recíproca restitución de prestaciones con cargo a la masa (art. 62 LC).

Asimismo, el acreedor hipotecario no es, en puridad, comprador, (arts. 1445 y ss. CC), pues no adquiere el bien por compra, sino adjudicatario, pues adquiere el bien por adjudicación en pago de la deuda que el deudor mantiene con él (arts. 105 y 140 LH), por lo que imponerle gastos distintos a los pactados en el contrato hipotecario supone ponerle en peor posición que la pactada contractualmente.

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